*La controversia en el Concejo de Ciénaga no se cierra con el fallo de tutela. Al contrario, se agudiza.

El concejal Carlos Enrique Padilla Peña, emitió un fuerte pronunciamiento público para desmentir el comunicado divulgado por la Presidencia de la corporación y varios cabildantes que presentaron la sentencia como un aval judicial a su gestión.

“El fallo NO declaró legales las actuaciones cuestionadas”, titula Padilla su comunicado a la opinión pública. Según el concejal, el Juzgado Cuarto que conoció la acción de tutela no entró a estudiar de fondo la legalidad de hechos como la conformación de comisiones, la designación de ponentes y el manejo de la Secretaría General durante el trámite de los 6 proyectos en sesiones extras.

“Presentar el fallo como si el juez hubiera concluido que todo fue correcto DESCONTEXTUALIZA LA SENTENCIA Y GENERA DESINFORMACIÓN”, advierte Padilla. ¿Qué decidió realmente el juez? El pronunciamiento aclara tres puntos clave que, según Padilla, fueron omitidos en el comunicado oficial del presidente Rodrigo Auqué:

1. El juez no dijo que fueran legales, ni ilegales. Simplemente consideró que ese control de legalidad no corresponde a la tutela y debe hacerse ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Declarar improcedente ese punto no es validar las actuaciones.

2. La tutela SÍ fue concedida parcialmente. El juez amparó el derecho fundamental de petición de Padilla y ordenó al Concejo entregar respuesta de fondo, clara, precisa y completa, con la documentación que repose en su poder. Hubo vulneración.

3. Le negaron la compulsa a Procuraduría y Fiscalía. Un dato que no contó la Presidencia: el propio presidente del Concejo y una concejala pidieron al juez compulsar copias contra Padilla por supuesta temeridad al demandar. El juez estudió la petición y la negó. No encontró temeridad. Padilla también recuerda que el hecho de que el alcalde Luis Fernández Quinto haya retirado los proyectos, y que los primeros debates ya hubieran ocurrido, no borra lo ya actuado. Incluso, la sentencia dejó constancia de que sobre la polémica sesión extraordinaria del 20 de septiembre, en el expediente no obraban las determinaciones adoptadas ni informe posterior del Concejo. Por tanto, tampoco hubo validación de esa sesión.

“Respeto la decisión judicial y ejerceré los mecanismos que la ley me concede. No afirmaré que ya fueron declaradas ilegales, pero TAMPOCO PERMITIRÉ QUE SE LE DIGA A LA COMUNIDAD QUE EL JUEZ LAS DECLARÓ LEGALES, PORQUE ESO NO FUE LO QUE DECIDIÓ”, remata el concejal.

Con este nuevo comunicado, el caso pasa ahora a dos escenarios: el cumplimiento de la orden de tutela por parte del Concejo y la eventual demanda de nulidad ante el Contencioso Administrativo, donde sí se definirá si las actuaciones de la mesa directiva se ajustaron o no a la ley.