Por: Jaime Móron Cárdenas
En política fiscal se enseña que, a lo largo del tiempo, los ingresos y gastos públicos deben mantener un equilibrio intertemporal que preserve la estabilidad macroeconómica (Mankiw, 2018). Déficits persistentes elevan la prima de riesgo, encarecen el crédito, presionan la tasa de cambio y afectan la inversión productiva. La condición de no-Ponzi establece que la deuda no puede sostenerse indefinidamente con más deuda, sino que debe estar respaldada por superávits primarios futuros (Blanchard y Johnson, 2017). Sobre esa base, la equivalencia ricardiana sostiene que, si los hogares anticipan impuestos futuros para atender la deuda, ajustan su consumo y ahorro presentes, volviendo irrelevante si el gasto se financia con impuestos o deuda (Barro, 1974, citado en Sachs y Larraín, 2013). En síntesis, el gasto público no debería superar la capacidad de una generación para pagar las obligaciones que transfiere a la siguiente.
En economías emergentes como la colombiana, estas condiciones rara vez se cumplen. Factores como restricciones de liquidez, alta preferencia por el consumo presente, diferencias en la propensión marginal a consumir, fricciones financieras, institucionalidad débil e inconsistencias dinámicas en la política económica limitan la operatividad de la hipótesis ricardiana en la práctica (Morón, 2012). Cuando la informalidad laboral supera el 55 %, el ahorro es reducido y no existe cobertura total para las personas en edad de jubilación, la capacidad de anticipar impuestos futuros y ajustar el comportamiento económico actual se ve severamente restringida.
Las advertencias sobre los riesgos de un manejo laxo de las finanzas públicas no son nuevas. Restrepo (2000) planteó la necesidad de combinar control del gasto con ingresos estructurales; Wiesner (2004) señaló que el origen del desequilibrio fiscal es tanto político como institucional, y que las reglas fiscales deben anclarse en un marco constitucional y operativo; Clavijo (2025) advirtió que déficits superiores al 4 % del PIB erosionan la credibilidad fiscal; Steiner (2002) subrayó que las reglas fiscales son esenciales para coordinar política monetaria y fiscal; y Echeverry, Fergusson y Querubín (2003) documentaron las inflexibilidades presupuestales. Kalmanovitz (2001) aportó una visión histórica del desarrollo fiscal e institucional, mientras que Carrasquilla (1999) alertó sobre la vulnerabilidad externa de una política fiscal laxa. En el plano territorial, Bonet (2004) y Bonet y Meisel (2006) mostraron cómo la estructura fiscal centralizada y la dependencia de transferencias refuerzan desigualdades; Bonet, Pérez y Montero (2016) y Ordoñez y Pedraza (2016) evidenciaron que, sin fortalecer la capacidad fiscal local, la descentralización puede reproducir inequidades.
La coyuntura reciente confirma estos riesgos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estableció como meta para 2025 un déficit primario anual del 1,0 % del PIB, pero a mayo ya se acumulaba un déficit de 2,4 %, es decir, 1,4 puntos porcentuales por encima de la meta programada para ese momento del año. El déficit fiscal total se situó en 7,1 % del PIB tras la activación de la cláusula de escape, y el Fondo Monetario Internacional respalda un ajuste gradual, advirtiendo que la consolidación exige credibilidad y disciplina política. Moody’s y S&P rebajaron la calificación soberana, y Fitch alertó que la nueva senda fiscal incrementa la incertidumbre, señalando la necesidad de respaldar con recursos efectivos cualquier expansión del gasto.
En septiembre de 2024, el Congreso negó la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025 por un faltante de 12 billones de pesos, consecuencia de la no aprobación de una ley de financiamiento. Por primera vez desde 1991, el presupuesto fue expedido por decreto. Paralelamente, el Gobierno expidió un “decreto tributario” para anticipar el recaudo de renta de 2026 a 2025 y mejorar la caja fiscal. Desde la óptica de la equivalencia ricardiana, esta medida no genera riqueza: adelanta ingresos y debilita la confianza. La falta de coherencia entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Presupuesto General de la Nación 2026 agrava el panorama: mientras el primero reconoce la necesidad de prudencia y ajuste, el segundo eleva el gasto a 557 billones de pesos, apoyado en una reforma tributaria proyectada para recaudar 26 billones sin respaldo político asegurado. El Espectador (2025) sintetizó la situación: “el presupuesto no suma y debe ser reducido”, señalando que 26,3 billones carecen de financiación viable.
En el plano territorial, los ingresos propios de departamentos y municipios se mantienen en torno al 3,2 % del PIB desde hace dos décadas. El Gobierno central recauda el 85 % de los ingresos y financia funciones esenciales mediante el Sistema General de Participaciones, limitando la autonomía fiscal. En este contexto, durante los actos por los 500 años de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro anunció un paquete de inversiones por $1,4 billones, que incluye dos plantas desalinizadoras, una granja solar y obras de saneamiento y acueducto. El 70 % de los recursos provendría de la Nación, el 30 % del Distrito, y se contarían con aportes adicionales de la CAF que, en su mayoría, se canalizarían como cofinanciación. Aunque la propuesta responde a rezagos históricos, persiste la incertidumbre sobre su viabilidad fiscal, pues el Presupuesto General de la Nación 2026 no incorpora plenamente estos compromisos y parte del cierre financiero depende de ingresos aún inciertos.
Superar esta situación exige articular la planeación de mediano plazo con la ejecución anual, evitando que las metas fiscales se reduzcan a declaraciones retóricas. No basta anunciar reformas tributarias genéricas o recortes difusos: se requiere un plan de ajuste selectivo que no sacrifique el crecimiento, que garantice ingresos permanentes y que priorice inversiones con alto impacto en productividad y cohesión social. Esto implica ampliar la base tributaria reduciendo la dependencia de tributos empresariales, fortalecer la tributación de renta personal en los segmentos de mayores ingresos y consolidar impuestos verdes con diseño progresivo para evitar efectos regresivos, incentivando al mismo tiempo cambios productivos y de consumo compatibles con los compromisos climáticos. También es indispensable revisar exenciones y tratamientos preferenciales de bajo rendimiento recaudatorio y alto costo fiscal.
