*Este miércoles 22 de abril se llevó a cabo un encuentro entre autoridades, constructores y habitantes a lado y lado de la carretera que comunica a los dos departamentos.

La gobernadora del Magdalena Margarita Guerra, fue firme al advertir, “yo voy a garantizar que la reinversión social se de aquí para la comunidad de Puebloviejo y Tasajera y dos el tema de la reubicación se hace junto con la Alcaldía, una mesa técnica, mi equipo de trabajo y la Concesión porque esta obra es con la gente es con ustedes”.

Con estas palabras a un lado de la vía que pronto empezará a tener trabajadores para el primer tramo de la doble calzada Ciénaga-Barranquilla, que marca el avance de un proyecto esperado por más de una década, con impacto regional en movilidad y competitividad.

Entre los presentes había mucho habitante al lado de la vía los cuales piden mayor concertación en procesos de reubicación y garantías sociales. Con el inicio de los trabajos en el primer tramo de 3,2 kilómetros en el sector de Tasajera, municipio de Pueblo Viejo comenzó la ejecución de la doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga, uno de los proyectos de infraestructura más esperados del Caribe colombiano.

 La obra, que contempla una inversión de $2,7 billones, beneficiará a cerca de 2 millones de habitantes de municipios como Santa Marta, Barranquilla, Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Zona Bananera y Soledad. El proyecto busca mejorar la movilidad, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la competitividad de uno de los corredores viales más importantes de la región.

“La reubicación debe garantizar condiciones dignas. Aquí no venimos a imponer, venimos a concertar con la comunidad y a asegurar que la reinversión social se cumpla”, afirmó siempre la mandataria, en el diálogo con la gente, abierta a todas las alternativas junto con el municipio y los habitantes del sector.

Presente autoridades locales como el alcalde de Puebloviejo Brandon de Jesús Márquez, dijo que el principal punto de inconformidad radica en la falta de concertación previa con la comunidad y aseguró que, si bien no existe oposición al proyecto, sí es necesario garantizar los derechos de los habitantes.

“No nos oponemos a la obra, pero sí pedimos que no se vulneren los derechos de la comunidad y que se hagan las cosas bien desde el inicio. Aquí debe haber articulación real con el territorio”, manifestó.

Integrantes de la comunidad como Deisy Barbur, considera que desde el año 2022 cuando fue gobernador Carlos Caicedo, el mandatario propuso que si había doble calzada tenía que haber una conversión social, para esta habitantes el proyecto de vivienda es muy bonito, pero de seguro tendrá que haber una concertación entre todas las personas. “La doble calzada representa una oportunidad para el crecimiento económico. Hace más de 10 años estamos esperando esta carretera. Es desarrollo para el municipio, para el Caribe y para el país, por el turismo y la movilidad”, señaló.

Recorrido de la gobernadora

Luego de la reunión la mandataria realizó un recorrido de seguimiento de obra, allí insistió en que el desarrollo del proyecto debe avanzar de la mano con la comunidad, especialmente en lo relacionado con los procesos de reubicación y compensación social. “La reubicación debe garantizar condiciones dignas”. Aseguró

El inicio de la obra, sin embargo, también puso sobre la mesa las preocupaciones de la comunidad, que, aunque reconoce la importancia del proyecto para el desarrollo regional, advierte sobre la necesidad de mejorar los procesos de socialización.

El proyecto cuenta con viabilidad técnica, jurídica y ambiental, respaldada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, lo que ha permitido dar inicio a la fase constructiva sin restricciones. La doble calzada se extenderá por 49,92 kilómetros, desde la variante de Ciénaga hasta el nuevo puente Pumarejo, además de incluir labores de operación y mantenimiento en más de 166 kilómetros.

De manera paralela, el Instituto Nacional de Vías avanza en el componente de viaductos entre los kilómetros 19 y 28, cuya ejecución está proyectada para iniciar en 2026, con una inversión cercana a los $700.000 millones y una duración estimada de cinco años.

La iniciativa ha sido destacada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura como una obra estratégica para el Caribe, al permitir una mejor articulación entre centros productivos, portuarios y turísticos, así como una reducción en los costos logísticos y tiempos de transporte.

Aunque el inicio de las obras representa un avance significativo tras años de espera, el desarrollo del proyecto estará marcado por el reto de equilibrar el crecimiento regional con la garantía de derechos para las comunidades que habitan en su área de influencia.

 En ese contexto, el proceso de concertación, la reubicación digna y la atención a los impactos sociales y ambientales se perfilan como elementos clave para la ejecución de una obra que no solo busca transformar la movilidad, sino también la relación entre desarrollo e inclusión en el Caribe colombiano.