*La decisión se radicó contra el jefe de Estado por llamar criminal a su cabeza y acusarlo de delitos de lesa humanidad. El mandatario y su ministro de Salud deberán responder por injuria, calumnia y, en el caso de jefe de Estado, por actos de discriminación y racismo.
Antes que terminara el día de ayer, donde los colombianos celebraban el Día de la Virgen del Carmen, se radicó en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por las declaraciones que dio en su alocución presidencial del martes y que reiteró en el consejo de ministros de ese mismo día, que se extendió casi hasta la medianoche.
La denuncia fue interpuesta por Juan David Riveros, apoderado de Keralty, el grupo empresarial que maneja la EPS Sanitas, y en ella pidió que se investigara penalmente al mandatario por los señalamientos que hizo en contra de esa compañía y de su directivo español Joseba Grajales. De manera simultánea, Riveros instauró una denuncia en la Fiscalía contra Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud del gobierno Petro quien luego salió a medios a comentar lo señalado por el Presidente.
Injuria, calumnia y actos de discriminación
En el caso del Presidente, la denuncia no solo recoge los apartes de su alocución, en donde, entre otras cosas, acusa a Keralty y a sus directivos del robo de recursos públicos de la salud, financiación ilegal de campañas políticas y crímenes de lesa humanidad, sin pruebas.
Riveros también señala que no ha sido el único pronunciamiento que el mandatario ha realizado en contra de Keralty y de Grajales (a quien calificó de criminal el pasado martes), sino que ha sido una conducta reiterada y sistemática, usando canales de amplificación como alocuciones televisadas, discursos y redes sociales.
«A modo de ilustración se presentan tres eventos adicionales donde mi cliente ha sido víctima de falsas y reiteradas acusaciones por parte del señor Gustavo Petro», dice Riveros. Y se refiere al pasado 6 de julio cuando el Presidente señaló en su cuenta de X que “Keralty cometió el crimen de financiar la política con dineros públicos, y está en la impunidad. Es intocable para jueces y fiscalías, porque no solo compra la política. Keralty solo para seguir extrayendo el dinero colombiano para España, ha bloqueado el desarrollo de la reforma en la salud en prejuicio de toda Colombia, y eso no debe quedar en la impunidad. Hay que adelantar la investigación incluso en la justicia de España y la europea”.
Y realizó señalamientos similares durante su discurso en la marcha conmemorativa del 1 de mayo, en 2024 y lo mismo había hecho el 4 de abril de ese año.
«Le estamos diciendo a ese señor español que deje de engañar a sus afiliados y afiliadas diciéndoles que les vamos a acabar la salud (…) señores de Keralty que siendo extranjeros financiaron las campañas de varios Congresistas y financiaron los partidos políticos que hoy se oponen a las reformas sociales (…) usó bata blanca de mentira para engañarnos», dijo el Presidente en la Plaza de Bolívar el día del trabajo.
Para el abogado Riveros es claro que se configuran los delitos de injuria, calumnia y actos de discriminación.
Los señalamientos a Joseba Grajales
Para el apoderado de Keralty también es claro que la conducta injuriosa desplegada por el Presidente no tiene justificación, no se trata de una crítica legítima, ni de una defensa propia o ajena, ni de una expresión amparada por el derecho a la libertad de expresión: «Por el contrario, se trata de una manifestación arbitraria y de que vulnera de forma directa el bien jurídico protegido, causando una lesión efectiva al derecho a la honra del directivo señalado».
En cuanto a la calumnia, señala que el mandatario le imputa al directivo español la comisión de diferentes delitos, sin respaldo judicial ni probatorio, afectando gravemente su integridad moral.
Y, finalmente, manifiesta que las declaraciones del mandatario respecto al directivo de nacionalidad española, dadas en el contexto de la intervención a la EPS Sanitas, configura el delito sobre actos de racismo o discriminación.
«En el presente caso, las declaraciones presidenciales que prohíben la permanencia del directivo de Keralty en Colombia constituyen una restricción directa y efectiva del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Al impedir su entrada y permanencia en territorio colombiano por consideraciones vinculadas a su nacionalidad, se está restringiendo de manera concreta el derecho a la libre circulación y a ejercer actividades económicas legítimas en el país», señala el apoderado del grupo español.
‘No han devuelto la EPS’
Y advierte que el tema cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la EPS continúa en manos del Estado a pesar de existir un fallo judicial que ordena devolverla a sus dueños.
«Esta evaluación cobra particular relevancia considerando que, hasta el momento, no se ha materializado la devolución efectiva de la EPS a sus propietarios originales, lo que podría constituir una restricción concreta y continuada de derechos fundamentales motivada en su totalidad por consideraciones de nacionalidad», dice el apoderado de Keralty en referencia al fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención del gobierno Petro a esa EPS.
«Las declaraciones del Presidente Gustavo Petro, que califican al directivo español como “criminal” por supuestamente financiar campañas con “plata internacional” y su descabellada manifestación respecto de una presunta participación en la comisión de delitos de lesa humanidad revelan una clara motivación discriminatoria basada en la nacionalidad. Al vincular la condición de extranjero con actividades criminales sin fundamento jurídico, se evidencia que las medidas restrictivas tienen como fundamento la nacionalidad española del directivo, cumpliendo así el elemento discriminatorio del tipo penal», se lee
La denuncia contra Minsalud
Y Riveros advierte que «las circunstancias no solo aumentan la pena aplicable, sino que también reflejan un mayor grado de reprochabilidad social y jurídica, al tratarse de una conducta que proviene de la más alta figura del poder ejecutivo, se difunde masivamente y se relaciona con un servicio público fundamental».
El apoderado de Keralty radicó la denuncia por injuria y calumnia contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por declaraciones que dio tras la alocución presidencial del martes.
“Llevo desde el 2023 pidiendo que levanten el velo corporativo de Sanitas. El señor Grajales recibió 2.300 millones de dólares que no se le auditan, mientras él decía que no tenía plata para seguir atendiendo, creándonos un caos. En un solo año sus empresas en Colombia tuvieron utilidades por más de 600.000 millones de pesos en la época de la pandemia, en un solo año, aun así, este señor sacó a sus trabajadores a salir a protestar contra el Gobierno de Colombia”, dijo en La W Radio antes de colgar abruptamente el teléfono.
Y cuando los periodistas preguntaron por el término de «criminal» que el mandatario usó para referirse a Grajales, dijo: “El presidente está más informado, él sabrá exactamente por qué lo dice, yo lo único que puedo decir es que estoy pidiendo que levanten el velo corporativo a Sanitas, miremos a dónde han llegado los recursos, que se investigue qué están haciendo con el dinero (…) El presidente seguramente tendrá una información que yo no tengo”.
«Estas declaraciones, ampliamente difundidas por medios de comunicación, no solo carecen de fundamento fáctico, sino que afectan gravemente el derecho a la honra y al buen nombre de mi representado», le dice Riveros a la Fiscalía en la querella donde pide que se investigue a Jaramillo por los delitos de injuria y calumnia.
