¡No hacen ni dejan hacer! *Es el duro cuestionamiento de la gobernadora encargada frente a la Alcaldía de Santa Marta, en relación a 46 proyectos que financian en la ciudad para el beneficio de 223 mil personas.
El barrio Tairona Tamacá fue el escenario para que la gobernadora encargada del Magdalena Ingris Padilla García, su equipo de trabajo y la representante a la Cámara Ingrid Aguirre Juvinao, anunciara que, ante la Fiscalía y la Procuraduría, se presentara denuncia por la seria afectación que provoca a miles de ciudadanos decisiones de parálisis de obras lideradas por el secretario de gobierno de la Alcaldía Distrital Camilo George Díaz.
“Aquí lo que se está dando es un bloqueo a una acción legitima de gobierno que compromete inversiones considerables para la infraestructura vial, comunitaria, recreativa y de saneamiento básico”. Dijo la mandataria.
Para el equipo de gobierno lo que se está tipificando contra el programa Mi Calle, son los delitos de prevaricato por acción y omisión de allí que se colocaran denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y su secretario de Gobierno, Camilo George, “es un bloqueo y una persecución que vienen perpetrando de forma sistemática contra 46 obras que la Gobernación del Magdalena ejecuta en el Distrito afectando a 223.345 habitantes”. Dijo por su parte la representante a la Cámara Ingrid Aguirre Juvinao.
Ante dirigentes barriales, presidentes de juntas comunales, miembros de comités de vigilancia, ediles y un concejal de Santa Marta la gobernadora (e), Ingris Padilla, hizo el anuncio de dichas acciones y donde también estuvieron presentes representantes de los medios de comunicaciones en una rueda de prensa en la Urbanización Tayrona-Tamacá, uno de los sectores que vienen siendo perjudicados por la parálisis, dio la razón de las quejas disciplinarias ante la Procuraduría también.
Obras de Mi Calle
Del programa Mi Calle Fase 3, que incluye la pavimentación y el cambio de redes húmedas, ya fueron selladas 2 obras por parte del alcalde, quedando en riesgo 6 tramos más, que, aunque aportan todos los requisitos de Ley, ya fueron visitadas por funcionarios de la alcaldía. En estas 10 vías urbanas, peligra la pavimentación de 3.2km, que beneficiarían a 3.234 personas. Hoy las calles suspendidas son criaderos de insectos, foco de contaminación y trampas mortales.
“La Alcaldía no argumenta una razón legal de peso para detener estas obras, mientras que nosotros tenemos todo el argumento jurídico para defenderlas. Los trámites y permisos fueron surtidos por la comunidad. Pinedo, su secretario de gobierno y el inspector deben saber que Santa Marta no se va a detener y vamos a dejar solos a los samarios”, expresó también la gobernadora.
Igualmente, la mandataria invitó a la representante a la Cámara por el Magdalena, Ingrid Aguirre, a que dé a conocer esta situación a nivel nacional desde el Congreso de la República, por lo que la parlamentaria se comprometió a elevar las denuncias.
“Convocaré al Procurador y a la Fiscal para que desde Bogotá se le haga seguimiento a lo que se viene haciendo en Santa Marta por parte de la Policía. Al comandante de la Policía también le haré saber que el coronel de la Policía Metropolitana parece empleado del secretario de Gobierno Distrital. Así que le pediremos el cambio del comandante, porque la Policía está para hacer cumplir la ley y no para ser instrumentalizada políticamente”, fue el pronunciamiento de la congresista de Fuerza Ciudadana.
Convenios con comunales se encuentran suspendidos
“El programa ‘Obras Menores’, que son convenios solidarios firmados entre la Gobernación del Magdalena y 42 Juntas de Acción Comunal del Distrito para construir placa huellas, redes sanitarias, pavimentos veredales y escenarios deportivos, la alcaldía, de manera calculada, ha negado el permiso de intervención de espacio público por parte de la Oficina de Planeación”. Dijo por su parte el secretario de infraestructura Efraín Vargas.
Son 42.000 samarios que esperan estas construcciones a las que el gobierno del departamento ha destinado $2.520 millones. “desde este barrio hacemos el llamado al alcalde para que permita que tengamos nuestra calle pavimentada, es imposible creer que quien nos gobierna esté en contra del desarrollo, dijo Mélida Martínez habitante del sector.
Dos sistemas de alcantarillados frenados.
En la rueda de prensa también se contó por el gobierno que los proyectos de alcantarillado en el barrio 11 de Noviembre y Bello Horizonte se encuentran suspendidos desde el 14 de febrero de 2024 debido a la falta de permiso para la ejecución del cruce subférreo, el cual es tramitado ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
“Esta entidad exige como requisito normativo una carta de compromiso y el poder original suscritos por el alcalde de Santa Marta para autorizar la intervención en el corredor férreo; Pinedo se ha negado pese a las solicitudes de las mismas comunidades. Las obras están en el 77% y el 59% respectivamente, y su retraso afecta a 181.348 personas”. Sostuvo la gobernadora encargada.
La versión del gobierno Pinedo.
En entrevista con el periódico EL TIEMPO, la secretaria de Planeación Distrital, Patricia Caicedo Omar, contó que no existe ninguna parálisis provocada por decisiones políticas, sino que varios de los proyectos financiados por el Departamento no han podido iniciar porque no cuentan con los permisos de intervención y viabilidad técnica que exige la normativa urbana.
“Aquí no deberíamos estar hablando de parálisis de obras. Las intervenciones de las que habla la Gobernación no han iniciado su ejecución porque estamos haciendo lo que se debió hacer en el proceso de planificación previo. La administración distrital detectó que muchos de los frentes que la Gobernación anunció dentro de programas como ‘Mi Calle’ y ‘Obras Menores’ fueron asignados directamente a las Juntas de Acción Comunal (JAC) sin contar con la autorización distrital”. Aseguró la funcionaria.
