*La Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral tuvo picos altos con los actores válidos.

De cara a las elecciones del 8 de marzo una gran reunión tuvo epicentro a Santa Marta, el Centro de Convenciones del estelar Santamar, la gobernadora Margarita Guerra fue una de las convocantes y contó con la presencia de los ministros del Interior, Defensa, el presidente del Consejo Nacional Electoral-CNE- y dos actores claves el Procurador General de la Nación y el Registrador Nacional del Estado Civil.

Como se sabe toda la semana el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para lanzar acusaciones sin prueba y ataques director a estas dos últimas instituciones insinuando que no había garantías en el sistema de conteo de votos y Santa Marta fue el escenario ideal para que sin dar su nombre se le respondiera.

El primero en expresarse fue el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien afirmó: «Colombia está lista para triunfar y nosotros estamos listos para seguir liderando el clamor nacional para que haya elecciones en paz». El jefe del Ministerio Público también sostuvo. «lo que queremos es defender la democracia, que los colombianos nos apropiemos de lo que es nuestro, del proceso electoral, y para eso la Paz Electoral sigue llegando a todos los rincones del país». Finalmente anotó con un dardo directo a Palacio. «Un llamado importante a decirle no a los enfrentamientos, no a declarar enemigo a quien piensa distinto y, en lugar de ello, a pensar con serenidad y tranquilidad para votar en paz».

La sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral, presidida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, estuvo nutrida, todos los actores para las elecciones estaban allí, y en medio del estudio, análisis y trabajo para revisar alertas de riesgo, condiciones de seguridad y cuestionamientos técnicos sobre el software electoral. El señor Registrador tomó la palabra y dijo: “El fraude electoral no está en la Registraduría, estamos listos para explicar lo que quieran. El fraude electoral está en la compra de votos. Está en la financiación ilegal. Está en el constreñimiento. Ahí es donde está el fraude electoral”.

El registrador pidió que el debate público no se concentre exclusivamente en el sistema tecnológico, sino también en los delitos electorales que históricamente han afectado la transparencia de las elecciones en Colombia. «Hagamos la tarea conjunta para que la ciudadanía en Colombia tenga la absoluta tranquilidad de que estas elecciones sean íntegras y transparentes», afirmó con decisión.  

En la sesión se habló de la alerta de riesgo en 108 municipios del país, equivalentes a cerca del 13 % del territorio nacional, según reportes de la Policía. En el caso del Magdalena, los análisis se concentraron en zonas con presencia de estructuras armadas ilegales y posibles riesgos de constreñimiento al elector y la preocupación de como votar en la región de Mendihuaca ante el colapso del puente sobre el río del mismo nombre.

Ante las manifestaciones del presidente Petro sobre la necesidad de mayores controles y auditorías, el Ministro Armando Benedetti formuló preguntas relacionadas con:

–El control del código fuente.

-Los protocolos ante eventuales fallas técnicas.

-La verificación entre datos transmitidos y formularios físicos E-14.

-La confidencialidad de las auditorías.

A lo que el registrador Hernán Penagos respondió que los códigos serán “congelados” antes de la elección, que se entregarán a los partidos para revisión, que las auditorías serán públicas y que el código fuente será remitido a la Procuraduría para vigilancia institucional.

También recordó que el preconteo es un resultado preliminar sin efectos jurídicos sobre el escrutinio, y que los ajustes al formulario E-14 buscan evitar inconsistencias como las registradas en 2022.

Más allá del componente tecnológico, el registrador insistió en que el verdadero desafío está en los delitos que alteran la voluntad del elector. ¡El fraude está en la calle! Insistió, marcando una  línea clara frente a las suspicacias sobre manipulación informática y el traslado del énfasis hacia prácticas históricas de corrupción electoral.

Al final se puede decir que la Comisión de Seguimiento Electoral dejó desde Santa Marta dos mensajes centrales: por un lado, el Gobierno insiste en reforzar auditorías y controles técnicos; por el otro, la Registraduría defiende la solidez del sistema y pide concentrar esfuerzos en combatir delitos electorales tradicionales. En un escenario de alta polarización política, la coincidencia entre ambas posturas se centra en un objetivo común: garantizar elecciones transparentes y preservar la confianza ciudadana en el proceso democrático.